Resultado del examen de coherencia normativa y jurisprudencial para determinar la responsabilidad administrativa sancionada por el Indecopi en materia de protección al consumidor contra las personas que brindan servicios educativos

Abstract

La presente investigación se enfocó en examinar la disparidad en los criterios utilizados por las distintas Comisiones de INDECOPI al determinar la responsabilidad por infracciones en materia de servicios educativos. En algunos casos, se atribuye la responsabilidad a la persona jurídica titular de la institución educativa, mientras que, en otros, se responsabiliza al promotor o propietario. Esta falta de uniformidad en la imputación de la infracción genera incertidumbre y puede afectar la efectividad de la protección al consumidor en el sector educativo. En ese sentido, el objetivo general que guio el desarrollo de la presente tesis fue determinar el resultado del examen de coherencia normativa y jurisprudencial para determinar la responsabilidad administrativa sancionada por el Indecopi en materia de protección al consumidor contra las personas que brindan servicios educativos, y como objetivos específicos analizar el alcance de la prestación de servicios educativos de gestión privado en relación a las potestades normativas y administrativas otorgadas, identificar las responsabilidades administrativas, funcionales propias del Indecopi y las responsabilidades regulatorias que son imputables a las personas jurídicas y naturales que prestan servicios educativos e identificar la naturaleza de la potestad sancionadora del Indecopi en materia de protección al consumidor y alcance de la misma para sancionar las conductas derivadas de la prestación de servicios educativos de gestión. Para llevar a cabo esta investigación, se emplearon métodos generales como el analítico y deductivo, complementados con métodos específicos como la dogmática jurídica. Las técnicas utilizadas incluyeron la recolección de datos y el registro de información relevante. Los resultados de la presente tesis revelan que la responsabilidad administrativa en materia de consumo educativo recae principalmente en las personas jurídicas que sustentan la institución, quedando excluidas las personas naturales, salvo en supuestos excepcionales. Asimismo, se destaca que la prestación educativa privada está normativamente reservada a personas jurídicas, aunque administrativamente se haya habilitado a personas naturales como promotores.