Las consecuencias jurídicas de que el tipo penal de prevaricato no tipifique a los funcionarios que integran tribunales u órganos colegiados administrativos con capacidad de decisión como sujetos activos

Abstract

La presente investigación determina las consecuencias jurídicas que se derivan de que el art. 418 del CP peruano, que tipifica el delito de prevaricato, se limite únicamente a jueces y fiscales, excluyendo a aquellos funcionarios que integran tribunales u órganos colegiados administrativos con capacidad de decisión. Está exclusión permite que las resoluciones administrativas, manifiestamente contrarias a la ley, queden impunes pese a que estos mismos ejercen potestad de decidir con capacidad de afectar derechos fundamentales y principios del Estado Constitucional, así como el bien jurídico de administración pública. La hipótesis de la investigación argumenta que la no tipificación de estos funcionarios genera consecuencias, entre ellas, la desprotección del bien jurídico de la Administración Pública, vulneración del principio de legalidad y la afectación al principio de predictibilidad en el procedimiento administrativo. En cuanto a la demostración de la hipótesis se realizó un análisis con enfoque cualitativo, de tipo básico y propositiva, fundamentada en métodos como el analítico, deductivo, dogmático, hermenéutico y argumentativo; para examinar doctrina, jurisprudencia y derecho comparado; empleando, además, la técnica de análisis documental. Partiendo, del análisis de principios constitucionales se evidencia que la omisión por parte del legislativo debilita la protección efectiva de la Administración Pública, vulnera el principio de legalidad y el principio de predictibilidad. Es por ese motivo que se propone en esta tesis la modificatoria del artículo 418 del Código Penal a fin III de incorporar como sujetos activos del delito de prevaricato a los funcionarios que integran tribunales u órganos colegiados administrativos que poseen capacidad de decisión.