La Aplicación De La Teoría Del Análisis Económico Del Derecho En El Sistema Peruano De Contrataciones Del Estado

Abstract

Las contrataciones públicas en el Perú han enfrentado en los últimos años modificaciones importantes, esto con la finalidad de poder cumplir lo dispuesto en el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, así como con los principios contenidos en las normas sobre Contrataciones del Estado; ante este escenario las contrataciones públicas de acuerdo al nuevo marco jurídico que ha sido creado a través del Decreto Legislativo N° 1017 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2009-EF, normas que se reiteran en el Decreto Legislativo N° 1128 que crea la agencia de compras de las Fuerzas Armadas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°005-2013-DE, las cuales se caracterizan por ser aparentemente dinámicas. Sin embargo, al analizar desde el punto de vista de los principios de costo-beneficio y maximización que pertenecen a la Teoría del Análisis Económico del Derecho; los procesos o mecanismos de selección de los futuros proveedores del Estado, se aprecia que su estructuración no atiende de manera plena los referidos principios, los mismos que se caracterizan por el incremento de la eficiencia de las contrataciones del Estado.

Así teniendo en cuenta lo mencionado el Estado Peruano debe estar interesado en mejorar el marco normativo de las contrataciones estatales a fin de asegurar que los contratos se adjudiquen a los mejores postores, ello con el propósito de garantizar el mejor funcionamiento de la gestión estatal; más aún si esto es decisivo para asegurar el crecimiento económico de nuestro país, pues el sector publico utiliza las normas sobre contrataciones para promover objetivos y políticas tanto a nivel económico como social.

Partiendo de lo anterior, la presente tesis examina los procesos de la contratación estatal tal y como están configurados; todo ello con el propósito de lograr una adecuada implementación y desarrollo de las políticas públicas en beneficio del interés general y en resguardo de los recursos públicos, a fin de proponer una modificación en las normas de contratación pública del Estado con miras a utilizarlas para que sean de esta manera más eficientes.