El proceso de desalojo en relación con el contrato de arrendamiento que lleva inserta la cláusula de allanamiento futuro, las consecuencias de sus modificatorias, y la necesidad de nuevos mecanismos y criterios procesales
Fecha
2019-12Autor
Tirado Albarrán, Chelsin Jhanmira
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Mostrar el registro completo del ítemResumen
En la actualidad, apreciamos un comercio inmobiliario en el que personas que
cuentan con ingresos económicos altos e interés de inversión, los destinan a la
construcción de viviendas con el propósito de darlas en arrendamiento, por otro
lado algunas personas que tienen un espacio adicional en sus viviendas y
necesitan algún ingreso extra logran su objetivo dando en arrendamiento este
espacio, teniendo en cuenta la gran demanda de vivienda cómoda y a bajo costo
en la actualidad; sin embargo, en este contexto aparentemente beneficioso, como
es el hecho que una persona que alquila una vivienda a otra persona a cambio de
una cantidad de dinero, se convierte en un tema conflictivo en el momento que el
arrendatario (persona que usa el bien), por alguna causa no puede cumplir con su
obligación, retrasándose en el pago acordado, y el arrendador no pueda recuperar
su bien con facilidad a falta de mecanismos inmediatos, pese a ser el legítimo
propietario.
El arrendador como parte de la relación contractual, que pretendía generar un
ingreso adicional con el arrendamiento del bien, se ve perjudicado por aquella
persona que ha incumplido con sus obligaciones, convirtiéndose en un inquilino
moroso, que afecta los legítimos derechos del arrendador, es por ello que deberían
existir mecanismos legales y procesales que le permitan recuperar su bien de una
manera más rápida y eficaz.
Es así que, en los intentos por solucionar esta problemática, el legislador ha
buscado mecanismos con el objetivo de consolidar un desalojo más rápido y
efectivo; sin embargo, en la realidad las normas no han logrado la finalidad y
eficacia requerida puesto que los requisitos para que se restituya el bien al
arrendador en un periodo de tiempo relativamente corto no se aprecia en la realidad
por el contrario genera costos y tiempos excesivos, constituyéndose la propia
norma en un aval para que el arrendatario pueda seguir ocupando el bien pese a
no haber cumplido con su obligación contractual de cancelar la merced conductiva.
Si bien el Estado se ha preocupado en brindar mecanismos jurídicos para lograr
un equilibrio entre el arrendador y el arrendatario, sigue siendo evidente la
problemática que vive la parte más vulnerable, el arrendador, ya que el mismo, al
momento de intentar recuperar la propiedad de su bien no encuentra un mecanismo eficaz que le permita recuperarlo, a pesar que dicha persona es el legítimo
propietario, pero que, por no existir un ordenamiento jurídico eficaz que le permita
recuperar legítimamente su bien, de manera rápida se ve obligado a recurrir a la
vía judicial, lo que conlleva demasiado tiempo, viéndose perjudicado con ello, y
permitiendo que el arrendatario cuente con mecanismos que le permitan seguir en
el bien, por ende es que el legislador ha intentado promover un proceso eficaz para
el desalojo; sin embargo, ha generado desconcierto entre la población, confusión
en los mecanismos de solución y muchas veces aceptando el abuso del derecho
por parte del arrendatario.
Ante ello, es que mediante el presente trabajo analizaremos dicha problemática
actual respecto de los contratos de arrendamiento que llevan inmersos la cláusula
de allanamiento futuro, y la situación que ha generado a partir de la modificatoria
con la Ley N° 30201, la implicancia del IV Pleno Casatorio Civil y el Pleno
Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil del año 2017, sobre la regulación del
poseedor precario y el desalojo express, los cuales, a nuestro parecer deben de ser
analizados nuevamente y establecer nuevos mecanismos que permitan mejorar la
situación de arrendador frente a un arrendatario que ha incumplido sus obligaciones
y que se encuentra renuente a la entrega del bien a su legítimo propietario, ya que
el arrendador no encuentra una vía rápida y eficaz para hacer prevalecer sus
derechos de propiedad que le son inherentes, y que se encuentra consagrados en
la Constitución Política del Perú.
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- Escuela de Derecho [194]
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