Naturaleza jurídica de la tutela de derechos prevista en el Código Procesal Penal

Abstract

La defensa de una persona es un elemento clave de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso cual fuere su naturaleza, no puede considerarse respetuoso de la persona si no se le brinda la posibilidad de contradecir los cargos atribuidos, presentar sus argumentos, estrategias y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así, la defensa, es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva. Un mecanismo procesal tendiente a efectivizar este derecho, justamente, es la tutela de derechos, la cual es una facultad exclusiva del imputado, quien puede, por sí mismo o a través de su abogado defensor, hacer valer los derechos que la Constitución Política y las leyes le conceden; recurriendo al Juez de la Investigación Preparatoria, a fin de que subsane la omisión o dicte la medida de corrección o de protección frente a actuaciones u omisiones que limiten sus derechos de forma indebida o ante requerimientos ilegales, desde las primeras diligencias de investigación hasta el término de la investigación preparatoria. Sin embargo, al ser la tutela de derechos una institución jurídica de reciente regulación, ha generado una diversidad de interpretaciones o criterios sobre su real dimensión, determinando que en su aplicación se haya generado multiplicidad de planteamientos, muchas veces divergentes entre sí. Este trabajo trata de desentrañar los aspectos problemáticos e implicancias de esta institución procesal para lograr su correcta aplicación, ya que la tutela de derechos se erige como una valiosa herramienta para la concreción del principio de igualdad.