Las Decisiones Arbitrales y su Consideración en el Delito de Desobediencia a la Autoridad

Abstract

La legislación ha mostrado gran inquietud en la protección del bien jurídico en los delitos contra la administración pública, pues desde el año 1924 hasta la actualidad se han incluido más de la mitad de supuestos típicos; sin embargo, no se ha prestado atención a la práctica de una adecuada política criminal, pues existen eternas discusiones respecto de lo que se busca proteger en los delitos contra la administración pública.

En ese sentido, realizaremos un análisis de la concepción de administración pública para el Derecho Penal y por ende, indagar si un árbitro resultaría ser un funcionario público a efectos penales, pues al igual que en los procesos judiciales un juez tiene jurisdicción en base a la cual adopta decisiones de obligatorio cumplimiento, al sistema arbitral también se le ha reconocido jurisdicción y autonomía para que a través de los árbitros se adopte decisiones respecto a un conflicto. Al respecto, actualmente aunque a efectos penales un árbitro es funcionario público conforme lo plantearemos, ante el incumpliendo de un mandato arbitral, los representantes del Ministerio Público no admiten un denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad, pues consideran que no posee tal cualidad.

Es por ello, que en nuestro trabajo prestaremos especial atención en la jurisdicción especial que reconoce la Constitución Política del Perú a los árbitros para administrar justicia y en cuanto a la noción de funcionario público en el ámbito penal, partiendo principalmente de la concepción que se tiene de administración pública en la rama del Derecho Penal.